El anuncio fue realizado por el propio presidente Barack Obama, acompañado por el Secretario del Tesoro Timothy Geithner (el mismo que fue cuestionado por no haber pagado impuestos por un monto cercano a los U$34.000). Las medidas comunicadas son rigurosas, y buscan dar la señal de que el dinero de los impuestos estadounidenses no será utilizado para enriquecer a unos pocos en vez de estabilizar el sistema. Para ello, definen una especie de “sueldo ético” para ejecutivos.
De esta forma, el estado entra a reglar en un ámbito de gestión de las personas que comúnmente se deja a criterio de las empresas, todo esto en el contexto de una crisis. Más allá de eso, sin embargo, vale la pena preguntarse sobre las obligaciones en el ámbito de los recursos humanos que debieran cumplir las empresas que reciben algún tipo de subsidio o crédito estatal. A lo menos, debiera asegurarse que tales empresas cumplan con la normativa relativa a protección de los trabajadores. Estas exigencias podrían abarcar ámbitos como el pago de remuneraciones, cobertura de salud, ahorro previsional, la correcta utilización de la franquicia tributaria, prácticas contra las organizaciones sindicales y procedimientos apropiados de desvinculación. No sería aventurado incluir también procedimientos de selección que aseguren la igualdad de oportunidades o la aplicación de prácticas de compensación que eviten inequidades excesivas en los ingresos.
Meckler, L., Bauerlein, V., Roth, A. y Prada, P. (2009) Obama anuncia límites a los sueldos en las entidades que reciban ayuda federal. Artículo publicado en The Wall Street Journal, WSJ / Americas, versión online. 5 de Febrero, 12:05 A.M. Eastern Time. Re publicado en El Mercurio del 5 de Febrero, página B9.
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Nota: En Chile hay referencias de medidas bastante más radicales aplicadas a la gestión de personas en las empresas durante la crisis bancaria de 1982. Ésta implicó la intervención del sistema bancario como última alternativa para evitar el colapso de economía, todo esto por parte de un gobierno que intentaba realizar reformas neoliberales a la economía. La crisis dio origen a la llamada “deuda subordinada”, actualmente pagada por todas las instituciones herederas de las que existían a principios de los años 80, con la notable excepción del Banco de Chile, el que no terminará de pagar su deuda hasta bien entrado el siglo XXI. En la experiencia chilena no se consideró la limitación de sueldos, probablemente porque incluyó la designación de "interventores", una medida, bastante más radical (y, probablemente, posible sólo en el contexto del gobierno autoritario de la época).